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Los muertos no cobran sobornos

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En la isla caribeña de Santanilla el calor pudre todo: los cuerpos, los testimonios, los principios. Ramón Quintana, fiscal de 68 años desbarado por aceptar sobornos durante tres décadas, vive exiliado en una cabaña de madera sobre el manglar, bebiendo ron añejo y esperando que el mosquito del dengue termine lo que la conciencia no pudo quebrar. Cuando el cadáver de la jueza Adelina Farfán aparece flotando entre las raíces del mangle con un tiro en la nuca y los bolsillos llenos de billetes marcados, el comisario local —ahijado político del gobernador— cierra el caso en seis horas como suicidio. Pero Ludmila Rentería, hija de la jueza y médica forense en Caracas, no acepta la versión oficial y arrastra a Quintana de su borrachera con una oferta imposible de rechazar: cincuenta mil dólares en efectivo, la misma cantidad que él aceptó hace doce años para archivar el caso que mató al marido de Adelina. Investigar significa desenterrar la maquinaria que él mismo ayudó a construir: una draga en un caño de pescadores en 1981, una auditoría de aduanas en 2001, un puerto que nunca dejó de mover lo que no debía. Entre el presente sofocante, el año del soborno y el verano remoto en que un fiscal joven aprendió cuánto vale una firma, Quintana avanza hacia la única conclusión que el expediente permite: que el primer nombre de la acusación tendrá que ser el suyo.